El
martes 27 de marzo el SUP de Asturias, después de varias ausencias en la
reunión trimestral por considerar que la misma no respondía a los principios
para lo que fue creada, y no servía para tratar y resolver aspectos de las
condiciones de servicio de los policías, por decisión adoptada por la Comisión
Ejecutiva Federal y teniendo en cuenta el más que probable cambio de políticas
públicas en materia de seguridad,
acudimos expectantes a la misma, con la obligación de defender derechos de
nuestros afiliados, que en algún asunto que expondremos a continuación se veían
comprometidos por preguntas y solicitudes del sindicato CEP.
Comenzamos la reunión manifestando
que nuestra presencia se debía a un gesto con El Jefe Superior, con el que
acordamos realizar bilateralmente esfuerzos para que las reuniones trimestrales
se configurasen como un verdadero instrumento de garantía de defensa de las
condiciones profesionales de los policías en Asturias, y no como hasta la
fecha, que jaleadas por alguno que se encontraba a sus anchas sin la presencia
del SUP y la UFP, se configuraban como reuniones “corta fuegos” que fomentaban
parálisis temporal en la solución de problemática policial, y se defendía o se
callaba por algunos asistentes comportamientos y decisiones más que
cuestionables de determinados responsables sindicales y mandos, que sin embargo
en los pasillos de las dependencias sindicales denuncian con energía, digamos por ejemplo en
Gijón. El tiempo nos dirá si conseguimos que al único instrumento normativo
para tratar las condiciones de los policías le podemos quitar la “grasilla” y
lo reconvertimos en herramienta ágil y eficaz por el bien de todos los policías
de Asturias. El SUP quiere LUZ y TAQUÍGRAFOS en la defensa de sus miembros. Los
regates cortos, la elusión normativa, los acuerdos incumplidos, y la
tergiversación y poca claridad de posturas, se lo dejamos a otros.
Ya en el desarrollo de la reunión
defendimos enérgicamente a los compañeros de la UFP expedientados en la
Comisaría de Pola de Siero (todo un turno completo). Este tipo de
instrumentalización masiva de procedimientos de índole sancionador no pueden
darse en Asturias. El responsable del funcionamiento cuestionable de la
Comisaría, sólo puede ser uno, su responsable y jefe. Tratar de enmascarar la
problemática de la Comisaría de Siero con ejercicios malabares de castigo
severo hacia un turno de profesionales de la policía nos parece torticero y
desproporcionado. También incidimos en que hemos tenido quejas del
comportamiento y trato del Jefe de la Comisaría hacia sus subordinados, que
deben acabar inmediatamente, ya que si
nuestro comportamiento y actuaciones
deben ser correctas y esmeradas con los ciudadanos, con los subordinados lo
deben ser igual o más todavía. Deseamos que el responsable de la Dependencia
Policial rectifique, y por si las moscas, mantendremos Siero en cuarentena.
Con respecto a Langreo y a la
habilitación del calabozo en los Juzgados, petición que habíamos realizado hace
tiempo a través del Comité de Seguridad y Salud, nos trasladan que la cuestión
es competencia del Juzgado y que nuestra actuación es limitada, por lo que
parece que el calabozo seguirá utilizándose de archivo. Como cuando suceda
alguna desgracia, como por ejemplo que un detenido se tire por la ventana o
lesione a algún policía, sólo pagarán los más débiles, los policías, haremos
gestiones en otros organismos e instituciones para su solución, e incluso
acudiremos a la denuncia pública si es necesario.
Se ha denunciado el mal estado de
los vehículos policiales, y el SUP ha presentado escrito cuestionando las ITV
realizas, solicitando que todos pasen ITV externa. No es de recibo que a
vehículos con ITV pasada, y oficialmente en buen estado, se les salga una rueda
o tengan la dirección estropeada. No podemos permitir por el bien de nuestra
propia seguridad y la de los ciudadanos que nos conminen a utilizar recursos
materiales defectuosos o en mal estado. Si recibís presiones por denunciar
desperfectos (como parece que está pasando en algún caso concreto) o los
detectáis, ponerlo en conocimiento del sindicato, que lo denunciaremos. Nuestra
vida e integridad son los bienes más preciados que debemos proteger.
Ya metidos en los problemas de
Gijón, que genera el 90% de la problemática socio-profesional de toda Asturias,
asistimos asombrados a una petición de la CEP, en la que solicitan que se haga definitivos en el puesto de judicial a
unos afiliados suyos destinados en delitos económicos, que se encuentran en
comisión de servicio procedentes de seguridad ciudadana, con carácter temporal,
de urgencia y necesidad, eso sí, hace demasiado tiempo (estamos de acuerdo, la
comisión debería haber durado sólo 6 meses). En el SUP, recordamos, ya que
algunos olvidan fácilmente, que la convocatoria “temporal” de esas plazas se realizó un martes por la tarde
y al lunes siguiente (menos de una
semana) los designados ya estaban trabajando en los nuevos puestos. Solicitamos
entonces una reunión al Jefe de la Comisaría para que nos explicase el carácter
de esa urgencia en la asignación de puestos, ya que se trituraban derechos
estatutarios de los policías como la publicidad y concurrencia (los compañeros
de turnos y algunos que se encontraban fuera de Asturias no se llegaron ni a
enterar, por lo que no pudieron participar), así como la objetividad, igualdad
de oportunidades, méritos y capacidad. El Jefe de la Dependencia manifestó en ACTA, que aportamos al efecto, que
los policías asignados lo eran por un procedimiento de suma urgencia, por un
periodo temporal tasado, y que volvería a sus antiguos puestos en seguridad
ciudadana, momento en el cual se convocarían las plazas de forma definitiva, y
cumplimentando los plazos normales de las convocatorias para que pudiesen
concurrir aquellos policías que no lo habían podido hacer y se pudiese valorar
a los candidatos con más tiempo. Comprobamos una vez más el respeto que tienen
algunos por los principios estatutarios, y por lo que expresan en las reuniones,
incluso con ACTA, y trasladamos a nuestros afiliados interesados en las plazas,
que realizaremos las actuaciones sindicales y legales oportunas para defender
sus derechos y evitar que en determinados casos se abran puertas traseras sólo en
beneficio de unos pocos.
El punto álgido de la reunión se
produjo cuando la CEP pidió explicaciones sobre el recorrido y eficacia
jurídica de un escrito presentado por un mando intermedio, representante de la
CEP en Gijón, en el que daba cuenta de 4 funcionarios de la escala básica (dos
afiliados en ese momento a la propia CEP, y dos al SUP) por supuestas
actuaciones profesionales que podrían ser merecedoras de sanción disciplinaria.
Ante la respuesta de la Jefatura de que ese asunto estaba resuelto y cerrado, y
la posición favorable del SUP a la respuesta oficial, el representante de la CEP
argumentó su desacuerdo y cuestionó el procedimiento, ante lo que argumentamos
que el SUP ha cuestionado los procedimientos en Gijón hace muchísimo tiempo, invitándoles
a realizar medidas de presión efectivas para solucionar el problema de Gijón
una vez por todas, ya que los compañeros de Gijón están hasta el gorro.
La respuesta fue la callada. No les interesa. Por la defensa de nuestros
afiliados en este asunto estaremos atentos y lo trasladaremos a Madrid por si
las moscas.
SECRETARIA GENERAL
